La Ley de Participación Popular, a pesar de todas las debilidades que se le puedan asignar; desde el punto de vista administrativo, ha significado la municipalización del país; además, desde el punto de vista financiero, se ha transferido a los gobiernos municipales recursos para encarar obras y acciones de desarrollo local; pero sobre todo, desde el punto de vista social y político, se ha dado la posibilidad a la gente de elegir a sus autoridades y ser participar en el destino de los recursos asignados a su municipio. Sin duda alguna, esta ha sido una transformación estructural muy importante.